Recientemente
el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una comunicación por la que
informaba de la actividad en los juzgados de familia de España en el segundo
trimestre de este año 2020.
La disminución de la actividad es destacable, más de un 42% de reducción en el número de demandas de divorcios o disoluciones matrimoniales, cosa que se atribuye a la alerta sanitaria. Los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial son objetivos y la alerta sanitaria ha sido y es evidente. No somos negacionistas.
No
obstante, podemos pensar que la circunstancia objetiva de la alerta sanitaria,
que ha provocado el cierre de los juzgados, las calles vacías, los hospitales
llenos, el miedo y el pánico ¿Ha sido realmente de peso y de contrapeso para
hacer una vida de subsistencia entre los cónyuges y arreglar las cosas y el
matrimonio en casa? o ¿Ha sido un impedimento físico o material?
Son
datos esperanzadores, en el sentido de aplaudir las reconciliaciones. Sin
embargo, hemos de esperar a ver qué cifras se obtendrán de la actividad del
último semestre del año, para comprobar si se han reconstruido algunos
matrimonios, o bien se ha tratado de una resistencia pasiva y activa por parte
de los cónyuges mal avenidos, debido a no poder ir a juzgados o despachos de abogados....
Lo
que está claro es que los confinamientos y los teletrabajos, así como la
disminución de los ingresos de las familias y el aumento del ahorro, han evitado bastante las
socializaciones, los ligues, las miradas furtivas, las desinhibiciones
producidas por la ingesta de bebidas alcohólicas o las drogas, el ir de caza si
o si…. especialmente del marido de tu amiga que te gusta mucho, aunque tu
amiga lo critique, los encuentros furtivos en el trabajo, las coincidencias en
el transporte público, y un sinfín de situaciones que pueden conllevar a
distraer el centro y norte de tu matrimonio.
Veremos, pues, más adelante lo qué está ocurriendo ahora en los juzgados de familia, y en los matrimonios.
Publicamos seguidamente todo el articulo del Consejo General del Poder Judicial del 28 de septiembre de 2020.